La Guardia Civil y la Policía Nacional cumplieron ayer en Cataluña las órdenes dictadas por el Tribunal Superior de Justicia para impedir la celebración de un referéndum ilegal de autodeterminación, expresamente suspendido por el Tribunal Constitucional. Los actos de desobediencia perpetrados por los partidarios de la secesión, algunos cargados de violencia, obligaron a los agentes a emplear la fuerza para hacer respetar las decisiones de los tribunales como corresponde a un Estado de derecho que se rige por la Ley. Aunque podemos comprender que las imágenes de la acción policial contra grupos de personas vinculadas en su mayoría a la extrema izquierda separatista puedan causar desazón entre las gentes pacíficas, son absolutamente rechazables, por inveraces, las acusaciones de brutalidad lanzadas, incluso, por quienes en razón de su responsabilidad política deberían ser prudentes a la hora de enjuiciar la actuación de unas Fuerzas de la Seguridad del Estado que si se han caracterizado por algo, ha sido por la defensa de los derechos ciudadanos y el exquisito cumplimiento de las normas que regulan su función. Ayer, los guardias civiles y policías actuaron con su profesionalidad acostumbrada y proporcionadamente a la violencia ejercida por los radicales. La prueba es que de los 244 centros de votación cerrados ayer hasta la cinco de la tarde por los distintos cuerpos policiales actuantes, incluidos los Mossos, sólo en media docena se registraron incidentes dignos de mención. No importa tanto que adalides de la lucha antisistema, siempre prestos a jalear la desobediencia, aprovechen los incidentes de ayer para su particular batalla electorera, como el que formaciones políticas que han tenido o desempeñan responsabilidades de Gobierno se dejen arrastrar por la demagogia de los violentos. En este sentido, la mayoría de los españoles podría llegar a justificar la cobardía política, pero nunca la intencionalidad del ventajista, dispuesto a sacar réditos de una equidistancia imposible entre un Gobierno obligado a cumplir y hacer cumplir la Ley y quienes no han tenido el menor reparo en transgredirla. Tampoco es suficiente resguardo apelar a la supuesta mala imagen exterior de unas acciones policiales, mucho menos enérgicas que las protagonizadas, solo en lo que va de año, por las fuerzas antidisturbios de Holanda, Bélgica, Italia, Francia y Alemania, frente a la violencia de grupos extremistas, de izquierda o de derecha, con motivo de cumbres del G-7, huelgas laborales o protestas xenófobas. En cualquier caso, no hay más que un único responsable de lo ocurrido, que es el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, que preside Carles Puigdemont, cuyas responsabilidades, no hay que dudarlo, le serán reclamadas. Tal vez, el movimiento separatista habrá conseguido, con el uso irresponsable de las movilizaciones callejeras, las buscadas imágenes de su proyección victimista, pero lo único que cuenta, como destacó anoche el presidente del Gobierno, es que las instituciones del Estado, con el Poder Judicial como garante del cumplimiento de la Ley, han impuesto la defensa de los derechos de todos los ciudadanos frente a la arbitrariedad de los golpistas. El referéndum ilegal, suspendido por los jueces, no podía celebrarse y así ha sido. No es preciso glosar más una farsa que se describe por sí misma y a la que han dado la espalda la inmensa mayoría de los catalanes. Si alguien pensaba que el Gobierno de Mariano Rajoy iba a transigir con un ataque directo a la democracia, a la soberanía nacional, a la Constitución y al propio Estatuto de Cataluña, se equivocaba. Sin duda, los separatistas tratarán de camuflar su fracaso invocando supuestas represiones y trasladando el foco a la actuación policial, pero, por más agiten las calles, por más que manipulen los hechos, mientan, sobreactúen y apelen a la sentimentalidad, la opinión pública española no se dejará confundir. Los responsables de la Generalitat han traspasado todos los límites del decoro democrático, en expresión del presidente del Gobierno, tratando de imponer el chantaje de unos pocos a toda una nación. No lo conseguirán. Cualquier pretensión de proseguir con su desafío será respondida por los mecanismos legales que amparan las libertades de los ciudadanos, como sucedió ayer. Por las instituciones del Estado, pero, también, por la propia dinámica de una población, la catalana, que, como recordó Rajoy, ha sufrido el embate de las peores prácticas populistas y, sin embargo, se mantiene en su mayor parte del lado de la legalidad y de la democracia. Los responsables de este proceso golpista tienen aún la oportunidad de renunciar a sus propósitos y devolver a la sociedad de Cataluña y de toda España su derecho a la convivencia en paz y a los usos democráticos. Pero que Carles Puigdemont anunciara a primera hora de la noche la declaración unilateral de independencia «en los próximos días» sólo demuestra su intención de volar cualquier posibilidad de que el conflicto pueda tener una salida ordenada. El Estado tendrá que responder en consecuencia.
