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Cataluña

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    A sólo unas horas de que Carles Puigdemont comparezca en el Parlament, y con la incógnita de si finalmente seguirá contra viento y marea la hoja de ruta soberanista y declarará unilateralmente la independencia de Cataluña, las consecuencias jurídicas de esa hipotética declaración de ruptura están, más que nunca, encima de la mesa. Desde el PP recordaron ayer al presidente de la Generalitat el precedente de Lluís Companys, que tras proclamar efímeramente en 1934 el Estado catalán terminó detenido horas después y fue posteriormente condenado a prisión. Pero, ¿cuáles son los cauces legales que podrían llevar a la detención de Puigdemont si hoy se produce esa declaración unilateral de independencia (DUI)? Fuentes jurídicas consultadas por este periódico aseguran que, si el jefe del Ejecutivo catalán da ese paso, ese escenario «no es en absoluto descartable». En ese supuesto, el mecanismo elegido sería, previsiblemente, una querella por sedición de la Fiscalía contra Puigdemont ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que vendría a sumarse a la que ya presentó por prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos contra el Govern en pleno. En esa denuncia, la Fiscalía de Cataluña pediría a la magistrada que instruye esta causa contra Puigdemont y sus consejeros, Mercedes Armas, que acordase su detención para evitar la reiteración delictiva (una de las causas que la ley contempla para acordar la medida cautelar). «Con unas penas de cárcel tan altas (la sedición está castigada hasta con 15 años de prisión) el riesgo de fuga va además implícito», aseguran esas mismas fuentes, que subrayan que con la declaración de independencia la sedición «está más que colmada». Este delito, además, también se persigue en sus modalidades de «provocación, conspiración o proposición». Más complicada parece la imputación de un delito de rebelión, que precisa de un alzamiento «violento» (aunque algunos juristas no creen que sea necesaria una violencia física) para declarar la independencia de una parte del territorio nacional.

    El delito de sedición castiga a quienes se alcen de forma pública y tumultuaria para impedir, bien por la fuerza o «fuera de las vías legales», la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad hacer cumplir las resoluciones judiciales.

    La Audiencia Nacional ya investiga por sedición al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, a su intendente y a los presidentes de las entidades soberanistas ANC, Jordi Sánchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, pero aunque la nómina de investigados se incrementará con toda probabilidad tras las identificaciones de más responsables por parte de la Guardia Civil, este tribunal no puede actuar contra Puigdemont por su condición de aforado.

    Sí podría hacerlo, sin embargo, si perdiese el fuero, como sucedería en caso de ser suspendido en el ejercicio de su cargo, ya fuese a raíz de la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno o si esa medida se acordarse por el Tribunal Constitucional (de oficio o a instancias de la Abogacía del Estado).

    Tras la reforma de su ley reguladora en 2015, el TC dispone de capacidad ejecutiva para hacer cumplir sus resoluciones, una maniobra de acción que va desde la imposición de multas de 3.000 a 30.000 euros hasta la suspensión de la autoridad o cargo público durante el tiempo preciso para hacer cumplir, con la ayuda del Gobierno, sus resoluciones. El Alto Tribunal ya instó personalmente por escrito a Puigdemont a acatar la suspensión cautelar de la Ley de Referéndum y de la de Transitoriedad que convertiría al dirigente independentista en presidente de la hipotética república catalana.

    Pero, por ahora, el TC no ha recurrido a esa prerrogativa, limitándose a la imposición de multas (como sucedió con los integrantes de la Sindicatura Electoral, por ejemplo) o a la deducción de testimonio para abrir, en su caso la vía penal, como ha ocurrido con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. En todo caso, antes de acordar esa posible suspensión el TC debería hacer un requerimiento personal a Puigdemont y solicitarle un informe.

    No obstante, las reticencias en el seno del TC a recurrir a esa vía han frenado por ahora esa posibilidad por el deseo del Gobierno de no cuartear la unanimidad mostrada hasta el momento por sus doce magistrados ante los sucesivos incumplimientos de la Generalitat y el Parlament.

    En todo caso, si finalmente la Fiscalía pidiese en el TSJ de Cataluña la detención y la prisión provisional de Puigdemont para evitar la reiteración delictiva, la última palabra al respecto la tendría la magistrada que instruye la causa contra el presidente de la Generalitat. La juez Armas ya ha dejado claro en algunas de sus resoluciones el hartazgo por «la actitud renuente» de Puigdemont y el resto de los querellados ya no sólo a los mandatos del TC sino a sus propias órdenes.

    La propia Fiscalía advirtió de que esos reiterados incumplimientos por parte de la Generalitat «permiten acercarnos casi a la frontera de la evidencia o flagrancia delictiva».


    El presidente catalán, Carles PuigdemontEl presidente catalán, Carles Puigdemont

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    La de ayer fue una de las tantas reuniones de la eurozona en las que un elefante ha ocupado la habitación y los moradores fingen no verlo. Casi la práctica totalidad de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro fueron ayer interpelados sobre la posible inestabilidad para la economía española y europea de una declaración unilateral de independencia por parte del ejecutivo de Carles Puigdemont. Aunque la mayoría de ellos se puso de perfil, de Guindos emitió un mensaje de tranquilidad ante las preguntas de los periodistas. «El escenario de la independencia no lo contempla nadie, no va a tener lugar», aseguró el ministro de Economía. Sobre la avalancha de huidas de las empresas catalanas, de Guindos aprovechó para cargar contra la Generalitat. «No es porque contemplen la posibilidad de independencia, es consecuencia de una política que es absolutamente irracional y radical, y a lo único que lleva es al empobrecimiento de Cataluña», aseguró.

    El más explícito ayer fue el ministro de Finanzas italiano, Pier Carlo Padoan, que calificó la situación como una «crisis grave» Tanto el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, como el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, repitieron con algunas variantes el argumentario de los últimos días por parte de las instituciones comunitarias. El primero, aseguró que es un asunto interno y el segundo, apeló al diálogo.

    Europa cierra filas

    Bruselas se mostró ayer muy cauta ante una posible declaración de independencia unilateral por parte de la Generalitat y los portavoces comunitarios no quisieron adelantar si habrá una posible reacción ante la consumación del desafío separatista. Mucho más clara fue la ministra francesa de Asuntos europeos, Nathalie Loiseau, que ayer ya adelantó sin ambages la respuesta ante una declaración de independencia unilateral: «Somos aliados de España, y España es una gran democracia. No hay que inmiscuirse en los asuntos internos de España», aseguró.

    A pesar de las apelaciones a la tranquilidad, Luis de Guindos no pudo sortear las innumerables preguntas de los periodistas extranjeros, en unas imágenes que recordaban los peores momentos de la crisis de deuda, tras el rescate financiero. «Lo que puedo garantizar es que el Gobierno español está totalmente preparado para aplicar las políticas actuales para evitar la independencia de Cataluña. Y cualquier declaración de independencia será nula y vacía», aseguró el ministro que, sin embargo, tuvo que reconocer que los últimos acontecimientos suponen «elemento de incertidumbre, un foco de inquietud».

    Ante una declaración de independencia consensuada con el Estado, Cataluña pasaría también a ser un país tercero que debería solicitar su reingreso en el club comunitario. Para ello se necesita la unanimidad de los restantes socios y un solo país podría bloquear la adhesión al igual que sucede con el resto de países candidatos. Esto también implicaría la inmediata salida de la zona euro, del mercado único y de espacio sin fronteras Schengen. La Unión Europea nunca se ha enfrentado a una situación análoga.


    Luis de Guindos conversa con Schäuble, Dijsselbloem y Pier Carlo Padoan, ayer, en LuxemburgoLuis de Guindos conversa con Schäuble, Dijsselbloem y Pier Carlo Padoan, ayer, en Luxemburgo

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  • 10/09/17--19:36: No hay DUI a gusto de todos
  • Pese a que la Ley del referéndum especificaba que dos días después de la proclamación oficial de los resultados del referéndum se daría paso a una «declaración formal de independencia» en una sesión parlamentaria, lo cierto es que todavía está por ver qué alcance tendrá este redactado hoy. Desde el 1-O, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha mantenido encuentros con la plana mayor del independentismo para discutir cómo aplicar el escrutinio surgido de la votación, pero todavía ayer las posibilidades abiertas eran múltiples. El centro del debate es dar con el acento exacto de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) para no «traicionar» a sus simpatizantes ni para dar un paso en falso que desbarate toda la proyección internacional que ganó con la jornada del 1-O. En cualquier caso, Puigdemont ha reiterado que su intención es aplicar de forma indiscutible los resultados, aunque también ha arrojado algunas dudas durante los últimos días sobre el cuándo para ganar tiempo y conseguir algún tipo de mediación exterior.

    A lo largo de la última semana, el president ha recibido presiones de algunos cuadros de su propio partido, partidarios de una vía moderada –apuestan por una declaración a plazos o incluso «simbólica», como explicó la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal–, y de ERC–en su mayoría–, la CUP y las entidades separatistas, proclives a no pisar el freno y hacer efectiva la independencia tal y como estaba prevista en la Ley del 1-O y la Ley de Transitoriedad Jurídica.

    La opacidad sobre el contenido de la comparecencia de Puigdemont era ayer total, en gran parte porque no quedó cerrada. Los dirigentes independentistas apuraron hasta última hora para negociar el texto final del president, que se prolongará hasta hoy por la mañana, cuando tendrá lugar la reunión semanal del Govern y se acabe de perfilar, mientras desde ERC y la CUP se evitó dar detalles del contenido de la propuesta. Si bien, los republicanos –que celebraron una ejecutiva a última hora de la noche ayer–, en boca de su portavoz, Sergi Sabrià, abogaron por «dar forma» a los resultados del 1-O e iniciar la «constitución» de una república catalana, democrática, social y de derecho en esta sesión parlamentaria, pero tampoco quisieron confirmar si entrará en vigor la Ley de Transitoriedad, que lo debió haber hecho ayer –48 horas después de la proclamación oficial de los resultados–. Pese a esta declaración de intenciones, lo cierto es que Sabrià apostó por conjugarla con seguir manteniendo la puerta abierta al diálogo con el Estado y a una mediación internacional entre Generalitat y Gobierno.

    En este sentido, el eurdiputado del PDeCAT, Ramón Tremosa, sí fue algo más concreto y habló de una DUI siguiendo el modelo de Eslovenia. Tremosa equiparó la actual situación con la del país balcánico, en la que recordó que se hicieron unas elecciones al parlamento que ganó una coalición independentista «como Junts pel Sí» y trató de negociar un referéndum con Belgrado para separarse de la antigua Yugoslavia, que no prosperó. Entonces, los eslovenos celebraron uno unilateral, que ganaron, y declararon la indepeendencia, aunque la suspendieron «unos meses para negociar un referéndum acordado». «Al cabo de seis meses de negociaciones, empezaron a caer los reconocimientos internacionales», aseguró en una entrevista en Onda Vasca.

    Esta línea argumental, que reclama un proceso «a plazos», sin efectos inmediatos, ya tuvo su precedente en el ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, que advertía de que Cataluña no estaba preparada para la «independencia real». Según Mas, todavía «no se han sentado las bases para una auténtica» separación del Estado. Asimismo, Marta Pascal o el conseller de Empresa, Santi Vila, se han expresado en este sentido. Vila, por ejemplo, días atrás pidió una última oportunidad al diálogo y no tomar decisiones unilaterales por ambas partes. Por su parte, Pascal, llegó a referirse en la BBC al escenario de una «declaración simbólica».

    Si bien, todas estas dudas contrastan con la determinación irreductible que han manifestado la CUP y las entidades independentistas, Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. El diputado anticapitalista, Benet Salellas, exigió que no se pospusiera la proclamación de la República catalana en pro del diálogo y reclamó que se «constate de que hubo un referéndum vinculante cuyo resultado es efectivo» para que inmediatamente después de la proclamación se aplique la Ley de transitoriedad. Por su parte, el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y el de la ANC, Jordi Sánchez, los agitadores del «procés», también han venido presionando para que Puigdemont haga efectiva la DUI y consideran innegociable otro escenario.

    En todo caso, la sesión de hoy –que debió celebrarse ayer, pero los separatistas decidieron posponerla para sortear la suspensión del Tribunal Constitucional y ganar tiempo para buscar salidas alternativas– arrancará a partir de las 18.00 horas y empezará con un discurso por tiempo ilimitado de Puigdemont. La oposición tendrá 10 minutos para réplica y 5 minutos de contrarréplica. Asimismo, solo habrá espacio para la retórica, ya que no está previsto que haya votación. No obstante, la CUP dejó esta posibilidad abierta después de que, como ERC, evitara concretar elementos del formato que tendrá la sesión parlamentaria para sortear cualquier impedimento que pueda plantear el Estado.


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    Pese a todo el ruido mediático, la Generalitat aún sigue haciendo alguna cosa que afecta al día a día del ciudadano. La conselleria de Territorio hizó público ayer la ampliación de la L1 de metro desde Santa Coloma hasta la estación de Cercanías de Badalona frente al mar, que comprende cinco nuevas estaciones. Se licitará en la primavera de 2018 y terminará de proyectarse en 2020.

    El documento se presentó ayer para someterse durante un mes al proceso de información pública, después del cual se licitará la redacción del proyecto constructivo de la primera fase, las estaciones de Montigalà y Lloreda-Sant Crist, que se terminará en la primavera de 2018, ha informado la Generalitat en un comunicado. Durante esta primera fase, que prevé un coste total aproximado de 260 millones de euros, se proyectarán también las cocheras de la L1, que se ubicarán en la parte sur del Parc de Montigalà y tendrán capacidad para 14 convoyes.


    El Govern presentó ayer el documento para someterlo al proceso de información públicaEl Govern presentó ayer el documento para someterlo al proceso de información pública

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    La Fundació Catalunya La Pedrera de Barcelona dedica la mayor exposición antológica al «mundo inquietante y sugerente» del pintor onírico catalán Joan Ponç en una muestra, que recoge pinturas inéditas y supone un «reset» en el estudio del artista que participó del movimiento de Dau al Set y que murió hace 33 años.

    Así lo explicó la pasada semana Pilar Parcerisas, comisaria de la exposición «Joan Ponç. Diábolo», junto a la directora del Área de Cultura de la fundación, Marga Viza, en la que subrayaron que el recorrido recoge 150 obras, muchas de colecciones particulares, museos y familia del artista.

    La exposición, que se podrá visitar hasta el 4 de febrero, llega 15 años después de la retrospectiva que le dedicó el Palau Macaia 2002 al artista, si bien los organizadores han considerado la actual muestra como la más importante hecha hasta el momento. La muestra trata de leer a Ponç de otra forma, con vida más allá de su colaboración con el movimiento de Dau al Set, y empieza con un tríptico que dedicó a Cézanne, pintor a quien consideró su «estrella polar».

    El «realismo mágico» de Ponç está plagado de figuras monstruosas, algunas de las cuales aluden a la enfermedad de autismo que sufría su hermana, y toma el título de «Diábolo» por su connotación lúdica relacionada con el malabar chino y, quizá, el hecho de que los integrantes de Dau al Set se consideraban, en tono de broma, unos diablillos, explicó Parcerisas.

    Dónde: Fundació Catalunya La Pedrera. .

    Cuándo: Hasta el 4 de febrero.


    "Nocturno" fechada en 1950 , una de las obras que se puede ver en La Pedrera

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    El gobierno de la alcaldesa Ada Colau ha presentado hoy un primer proyecto de Presupuestos para el 2018 que prevé un volumen total de gasto no financiero de 2.642,9 millones, lo que supone un incremento del 2,4% respecto a las cuentas de este año, y 62,4 millones más de recursos disponibles.

    El primer teniente de alcaldía de Economía, Gerardo Pisarello, ha presentado las líneas maestras de la propuesta que debe servir de base para abrir negociaciones con el resto de grupos municipales para aprobar el presupuesto de 2018. Pisarello ha puesto énfasis en que en estos "momentos de incertidumbre" la presentación del proyecto de presupuestos municipales "quiere ser un mensaje de estabilidad y de normalidad institucional y demostrar que esta ciudad, este ayuntamiento, continúan trabajando, continúan funcionando" a la ciudadanía y a los actores sociales, económicos y culturales.

    Efe


    La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, interviene en el pleno del Ayuntamiento de BarcelonaLa alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, interviene en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona

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    Una mujer ha muerto esta tarde en Rubí (Barcelona) asesinada presuntamente por su expareja, a la que se está buscando, según han informado a Efe los Mossos d'Esquadra.

    Durante la tarde de hoy, los vecinos han alertado a la policía catalana de que en un inmueble de la ciudad barcelonesa se oían gritos y ruidos y cuando los Mossos han llegado hasta el lugar se han encontrado con una mujer malherida, que ha acabado muriendo.

    Los Mossos investigan "la muerte por violencia de género" de esta mujer, de la que todavía no ha trascendido su identidad. EFE


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    La policía local de Cornellà de Llobregat (Barcelona) ha detenido esta mañana en esa población al hombre que presuntamente mató ayer a su expareja en Rubí, una mujer de 66 años y nacionalidad española.

    Según han informado los Mossos d'Esquadra, la detención se ha producido poco antes de las once de la mañana, cuando por motivos que se desconocen el sospechoso ha disparado con una escopeta de caza en la calle y ha provocado daños en diversos vehículos.


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